Buzón de Fraude Laboral: Aclaración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido un comunicado en el que aclara algunos conceptos sobre el recientemente creado “buzón de fraude laboral”:

Aclaración sobre el buzón de fraude laboral

Una de las formas de iniciación de la actividad de comprobación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es la denuncia de hechos presuntamente constitutivos de infracción administrativa, que para poder ser tramitada por los Jefes de las Inspecciones Provinciales deberán reunir una serie de requisitos de carácter formal. Las denuncias que no reúnan estos requisitos no podrán ser tramitadas, sin perjuicio de que los Jefes de Inspección, de acuerdo con la información que hayan podido obtener y tras su correspondiente análisis, puedan ordenar la realización de una inspección a un sujeto concreto.

Esta práctica resulta habitual en todas las Inspecciones Provinciales y ha permitido, en numerosas ocasiones, detectar talleres clandestinos en los que se empleaban irregularmente y en condiciones indignas a trabajadores, investigar atentados contra derechos fundamentales como la igualdad y la no discriminación, e incluso conductas en ocasiones rayanas o constitutivas de delito, como supuestos de acoso sexual o trata de seres humanos, sin olvidar otros aspectos que atañen a la vida o a la seguridad de los trabajadores como la realización de trabajos sin disponer de medidas de prevención de riesgos laborales. Por tanto, son los referidos Jefes de Inspección los que, con anterioridad a la puesta en marcha del buzón de fraude laboral, analizaban la información anónima recibida y decidían si ordenaban o no una inspección sobre un sujeto determinado o la incluían en la correspondiente campaña (pudiendo también ser remitida a los distintos cuerpos policiales para su análisis e investigación previa, o simplemente ordenar su archivo por carecer de entidad suficiente).

Tras la puesta en marcha del citado “buzón de fraude” la actividad de los jefes no va sufrir alteración alguna, por cuanto esta actividad ya la venían realizando.

Además, como decía al principio, la denuncia es una de las formas de iniciación de la actividad inspectora, pero no la única ni la más importante, dado que la actividad planificada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es muy superior a la realizada mediante denuncia pública. De esta forma, más de un 50% de la actividad total de la Inspección obedece a una planificación previa que, en la mayoría de las Comunidades Autónomas, resulta participada o informada por los Interlocutores Sociales, circunstancia que también se da en el ámbito del Estado, por cuanto la Inspección informa anualmente de su actividad en la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social integrada por los Sindicatos y las Organizaciones Empresariales más representativos.

La Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone que “La Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará de oficio siempre, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa, o en virtud de denuncia, todo ello en los términos que reglamentariamente se determinen” y que “Es pública la acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social. El denunciante no podrá alegar la consideración de interesado a ningún efecto en la fase de investigación, si bien podrá tener, en su caso, la condición de interesado si se inicia el correspondiente procedimiento sancionador en los términos del artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se tramitarán las denuncias anónimas, las que se refieran a materias cuya vigilancia no corresponda a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las que manifiestamente carezcan de fundamento ni las que coincidan con asuntos de los que esté conociendo un órgano jurisdiccional”.

Por tanto, es la propia Ley la que determina que la Inspección puede actuar, además y sobre todo mediante ORDEN SUPERIOR, A PETICION RAZONADA DE OTROS ORGANOS Y POR PROPIA INICIATIVA (véase que la denuncia la sitúa en el último lugar).

Por tanto, la finalidad última del buzón de fraude laboral no es otra que la de obtener información ciudadana sobre los distintos incumplimientos de orden social para poder, de esta forma, mejorar la actividad planificada y, por tanto, la eficacia de la actividad realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en favor de los trabajadores y de las empresas. El buzón distingue claramente entre la acción de denuncia, que es pública y que debe realizarse con todas las garantías, de la información que pueda facilitarse por los ciudadanos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cara a una posible y ulterior planificación de su actividad investigadora. Debe tenerse en cuenta, que otros organismos públicos e Instituciones Públicas reciben todos los días información ciudadana que, en ocasiones se investiga y en otras se desecha: Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Policías Locales, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la propia Fiscalía General del Estado pueden abrir diligencias de investigación, incluso por hechos de los que se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación social. Es claro que existen Instituciones del Estado cuya función es perseguir conductas contrarias al ordenamiento legal y que por ello están investidas de competencia para poder actuar siempre de oficio y sin necesidad de que exista una denuncia sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delito o de infracción administrativa.

Finalmente, resulta paradójico que desde algunos ámbitos se esté denunciando la precarización de las relaciones laborales e incluso se manifieste públicamente que existe miedo a denunciar por la posibilidad de perder el puesto de trabajo, y que esos mismos denunciantes se manifiesten contrarios a que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda disponer de otra herramienta, para la adecuada planificación de su actividad investigadora y de exigencia de responsabilidad a empresas incumplidoras y trabajadores que perciban ilegalmente prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.

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Ruiz Ballesteros

Jesús R. Ballesteros

Jesús es Economista y Abogado, estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Navarra, es Máster en Tributación por Garrigues, donde comenzó a trabajar en la oficina de Granada, pasó por otros dos despachos multinacionales de reconocido prestigio mientras estudiaba Derecho en Madrid, hasta que finalmente constituyó Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales a principios de 2006. Jesús es colaborador habitual de medios de comunicación cuando tratan temas empresariales, fiscales y jurídicos, como Radio Intereconomía en el programa “Foro Fiscal”, Cadena Ser y Ondacero. Doctorando en la Universidad de Granada con una Tesina titulada “Intercambio internacional de información tributaria y Paraísos Fiscales”, que defendió ante el tribunal correspondiente obteniendo el DEA en Derecho Financiero y Tributario con Sobresaliente. El título de su Tesina deja claro que ha profundizado como pocos en este ámbito del derecho, lo que le facilita el trabajo actual en fiscalidad internacional. Autor del libro “Cómo rentabilizar tu declaración de la renta” e ideólogo y desarrollador de la primera aplicación jurídica en España dedicada a la descarga de modelos de documentos legales, Paxtum. Profesor-Colaborador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), para las materias de Derecho Mercantil y Derecho Financiero-Tributario, siendo así co-autor de los libros teóricos de ambas áreas y del libro de “casos prácticos” de Derecho Financiero-Tributario. Experto en el sistema tributario español, fiscalidad internacional y derecho societario-mercantil, habla inglés y es el Director de nuestra empresa, Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.

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