Tributación de la condena en Costas Procesales

Difícil respuesta tiene la verdadera tributación de las costas de un proceso judicial.

En primer lugar debemos centrar la cuestión y el concepto de costas, pues se consideran un crédito de la parte vencedora. Sin embargo, este crédito se diferencia del crédito que proviene de un contrato de arrendamiento de servicios entre letrado y cliente, ya que no trae causa de un acuerdo previo con el profesional (abogado y procurador), sino que trae causa del pronunciamiento judicial de condena en costas, siendo así distinto en su origen del contrato de servicios, ya que no tiene un origen contractual, sino legal, y también el titular es distinto, pues el favorecido es el cliente y no el abogado.

Por tanto, tenemos claros los siguientes conceptos:

  • Pronunciamiento judicial (no contrato de prestación de servicios).
  • Origen legal (distinto al origen contractual).
  • Titular: el favorecido, cliente (distinto al favorecido en el contrato de servicios: el abogado y procurador).

Aclarados estos aspectos pasamos a la tributación de estas costas procesales:

¿Cómo tributa quien resulta condenado al pago de las costas?

En el caso de la parte a la que se condena al pago de las costas, la consulta V1729-15 y la V0473-15 de la Dirección General de Tributos (en adelante, DGT), consideran el pago de las mismas como una pérdida patrimonial aplicable en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Esto se debe a que dicho pago supone una alteración del patrimonio del pagador, que dado el carácter ajeno a su voluntad, queda excluido de una posible consideración de lo que llamamos “consumo” habitual, es decir, no se incluye en ninguno de los supuestos del artículo 33.5 de la Ley del IRPF, que son los que excepcionan de su cómputo como pérdida patrimonial, por lo que debe considerarse como tal.

Además, es de suponer que este pagador habrá satisfecho los honorarios de los profesionales a que hubiera contratado, y que, salvo cuando se trate de gastos considerados de defensa jurídica (o en el seno de una actividad económica), derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales (según artículo 19.2, apartado “e” de la misma Ley), no serán deducibles en el IRPF, por tratarse, en este caso sí, de una aplicación de renta al consumo, y, por tanto, no deducible.

¿Cómo tributa quien resulta favorecido por el cobro de las costas?

El vencedor del litigio, se supone que, habrá satisfecho previamente los honorarios del proceso, devengados por los servicios profesionales de su abogado y procurador, por él contratados. Si el proceso no trae cuenta del ejercicio de una actividad empresarial, se entiende que no tienen el carácter de gasto deducible (salvo los gastos de defensa jurídica ya comentados) y se considerará un gasto debido al consumo, es decir, no deducible de acuerdo con el apartado 5 del artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), y por tanto no pueden computarse como pérdidas patrimoniales.

Por otro lado, en cuanto a la cantidad que recibe la parte litigante beneficiaria de la condena en costas, la Dirección General de Tributos mantiene el criterio (Consultas Vinculantes varias: V0888-14; V2909-14; V0272-16; V0767-16; entre otras) de considerar el abono de las costas como una indemnización a la parte vencedora, por parte de la parte condenada en costas, y como una restitución de los gastos de defensa y representación.

El criterio de la DGT viene a ser el siguiente: “la incidencia tributaria viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero, constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 Ley del IRPF”.

De esta forma quien gana el pleito y recibe el abono de las costas procesales de parte del condenado a ello, está restituyendo sus gastos de defensa, lo que la Ley de Renta (IRPF), califica como una ganancia patrimonial, que deberá incluirse en la declaración del ejercicio correspondiente a aquel en que adquiere firmeza la sentencia, incluyéndose esta cantidad en la base imponible general del impuesto.

Posible perjuicio del vencedor del pleito.

La descripción que hemos hecho puede producir una distorsión que perjudicaría al sujeto pasivo que fuese obligado a pagar íntegramente los gastos de su abogado y procurador, por ser estos no deducibles (si no son parte del artículo 19.2 explicado, ni están dentro del desarrollo de una actividad económica), ya sea como gasto o pérdida patrimonial, y que cuando resulta compensado sí que da lugar a una ganancia patrimonial en su renta.

Además, este modo de integrar el cobro en el Impuesto sobre la Renta desvirtúa el fin restitutorio de la lesión causada en el patrimonio del vencedor por haber soportado los gastos del proceso.

Para más inri el legislador ha previsto que el importe de las costas debe incluir el IVA devengado, pues el destinatario del servicio lo habrá satisfecho y así se reintegra el coste total, pero olvida que al considerarse como una ganancia patrimonial el vencedor sólo recibe una parte de la condena, que es el neto de la factura deducido el gravamen del IRPF, cuantía que no alcanzará nunca para satisfacer la totalidad de los gastos incurridos.

Actualmente esta problemática carece de solución con la regulación vigente, por lo que debería ser objeto de modificación urgente y expresa en el impuesto.

Jesús R. Ballesteros

Jesús es Economista y Abogado, estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Navarra, es Máster en Tributación por Garrigues, donde comenzó a trabajar en la oficina de Granada, pasó por otros dos despachos multinacionales de reconocido prestigio mientras estudiaba Derecho en Madrid, hasta que finalmente constituyó Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales a principios de 2006. Jesús es colaborador habitual de medios de comunicación cuando tratan temas empresariales, fiscales y jurídicos, como Radio Intereconomía en el programa “Foro Fiscal”, Cadena Ser y Ondacero. Doctorando en la Universidad de Granada con una Tesina titulada “Intercambio internacional de información tributaria y Paraísos Fiscales”, que defendió ante el tribunal correspondiente obteniendo el DEA en Derecho Financiero y Tributario con Sobresaliente. El título de su Tesina deja claro que ha profundizado como pocos en este ámbito del derecho, lo que le facilita el trabajo actual en fiscalidad internacional. Autor del libro “Cómo rentabilizar tu declaración de la renta” e ideólogo y desarrollador de la primera aplicación jurídica en España dedicada a la descarga de modelos de documentos legales, Paxtum. Profesor-Colaborador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), para las materias de Derecho Mercantil y Derecho Financiero-Tributario, siendo así co-autor de los libros teóricos de ambas áreas y del libro de “casos prácticos” de Derecho Financiero-Tributario. Experto en el sistema tributario español, fiscalidad internacional y derecho societario-mercantil, habla inglés y es el Director de nuestra empresa, Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.

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