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El pasado 30 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley introduciendo una medida de calado y aplicación inmediata para poder reducir el déficit público y cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea.
La medida es aumentar el porcentaje de los pagos fraccionados que las empresas tienen que hacer, comenzando este mes de octubre y el próximo diciembre, ambos en 2016.
El porcentaje del pago fraccionado se eleva al 23%, calculado sobre el resultado contable positivo, para las empresas que facturen más de diez millones de euros, y sube hasta el 25% para las entidades financieras (bancos) y las que se dedican a la explotación de yacimientos de hidrocarburos.
Importante: esta medida solo afecta a grandes empresas, es decir, aquellas que facturan más de 10 millones de euros. No afecta a pymes, que conforman la mayor parte del tejido empresarial español. Tampoco afecta al porcentaje del Impuesto sobre Sociedades, sólo al porcentaje de los pagos fraccionados, que son el adelanto que hacen las entidades antes de la liquidación del Impuesto.
No será de aplicación el pago mínimo a las siguientes entidades:
- Entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos.
- Sociedades de inversión de capital variable
- Fondos de inversión de carácter financiero
- Sociedades de inversión inmobiliaria y fondos de inversión inmobiliaria
- Fondos de pensiones
Además de fijar un pago fraccionado mínimo, se modifica también el cálculo del propio pago fraccionado para las empresas con volumen de facturación superior a diez millones de euros, con el fin, precisamente, de aproximarlo al tipo nominal del impuesto.
Esta medida, su Real Decreto Ley, entrará en vigor de forma inmediata, desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, en principio, con vigencia indefinida, debiendo ser convalidado por el Parlamento en las siguientes semanas.
