Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, se abre una nueva etapa para el ejercicio del derecho de acción. Una etapa donde, por primera vez, la negociación previa se convierte en requisito de acceso a la vía judicial.
Ya no bastará con redactar una demanda bien fundamentada: ahora habrá que demostrar que se ha intentado evitar el juicio utilizando alguno de los cauces reconocidos legalmente. Pero ¿cuáles son esas vías de negociación previa? ¿Son todas válidas? ¿En qué se diferencian? Y, lo más importante ¿cuál elegir?
Veámoslo.
Probablemente la más conocida y, sin embargo, la menos utilizada hasta ahora. La mediación consiste en un procedimiento en el que un tercero neutral –el mediador– asiste a las partes para que, por sí mismas, encuentren una solución. Su principal virtud es que el acuerdo alcanzado tiene fuerza vinculante si se eleva a escritura pública o se homologa judicialmente.
La nueva ley refuerza este mecanismo, especialmente en conflictos civiles, mercantiles y familiares. Importante: el intento de mediación debe ser real y acreditado, no sirve una mera invitación rechazada de plano.
La conciliación es una vieja conocida del Derecho español. Regida tradicionalmente por normas procesales, consiste en un acto formal ante el Letrado de la Administración de Justicia o notario, según el caso. En él, las partes exponen sus pretensiones y tratan de llegar a un acuerdo que, si se consigue, se recoge en un acta con efectos de cosa juzgada.
La Ley 1/2025 recupera esta figura para darle mayor protagonismo, obligando a considerar su uso especialmente en conflictos patrimoniales entre particulares. Si no se intenta la conciliación cuando es procedente, puede suponer una barrera procesal posterior.
Esta es quizás la novedad más significativa: la posibilidad de cumplir con la exigencia de actividad negociadora mediante una oferta escrita y razonada de solución al conflicto, realizada con la suficiente antelación y acompañada de documentación justificativa.
Este formato será especialmente útil para empresas que deseen dejar constancia de su voluntad de acuerdo sin someterse a un procedimiento más largo como la mediación o la conciliación. Pero ojo, no sirve cualquier propuesta: debe ser seria, concreta y suficientemente motivada. De lo contrario, será como no haber hecho nada.
Aunque menos formalizada, esta opción también tiene encaje legal. Se refiere al intercambio de comunicaciones entre las partes o sus representantes legales, en el que se manifieste claramente la intención de resolver el conflicto. Es decir, lo que muchas veces hacemos por correo electrónico o burofax.
La clave aquí estará en la documentación y trazabilidad de ese intento: ¿hubo una propuesta? ¿se respondió con una contraoferta? ¿hubo silencio o rechazo? Este es el camino más ágil, pero también el más arriesgado si no se documenta correctamente.
Aunque no es propiamente un mecanismo previo, en aquellos casos en que las partes tengan cláusula arbitral, la vía judicial queda excluida mientras no se agote la instancia arbitral. El arbitraje es, en definitiva, un juicio privado con reglas pactadas por las partes.
No obstante, si se invoca la cláusula arbitral y no se activa el procedimiento, podría considerarse que no se ha agotado la vía de negociación exigida legalmente. Otro motivo más para tener claras las condiciones contractuales que firmamos.
La ley es clara: en los procedimientos en los que se exige expresamente una fase previa de negociación, la omisión de este intento puede conllevar la inadmisión de la demanda. Y lo que es más grave: incluso podría derivar en una condena en costas si se considera que se ha litigado de forma innecesaria.
Esto coloca al profesional del Derecho en un nuevo escenario, donde además de estudiar el fondo del asunto, deberá diseñar una estrategia de negociación previa bien documentada, ajustada al caso y, sobre todo, eficaz ante los ojos del juez.
Conclusión: no basta con tener razón, hay que saber negociar (y demostrarlo).
La Ley Orgánica 1/2025 introduce un cambio profundo, no tanto en el contenido de los procesos judiciales, como en su puerta de entrada. Ahora, lo primero que se exigirá no será tanto la razón, sino haber intentado evitar el pleito. Y para ello, habrá que saber elegir entre mediación, conciliación, oferta vinculante, negociación directa o incluso arbitraje, según el caso.
Una nueva era para la justicia, sí. Pero también una nueva carga para quienes quieren acceder a ella. Porque como decía aquel viejo refrán jurídico, “quien va a juicio sin avisar, puede quedarse sin entrar”.
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