
El Compliance ha dejado de ser un concepto destinado solo a grandes multinacionales o sectores altamente regulados. Hoy, cualquier empresa que quiera operar con seguridad jurídica, proteger su reputación y garantizar la continuidad de su negocio necesita tomarse el cumplimiento normativo muy en serio.
La realidad empresarial actual es clara: el marco normativo es cada vez más amplio, más complejo y exigente, ya no sólo se valora los resultados económicos, sino también cómo se obtienen.
En este contexto, contar con un programa de compliance eficaz es una herramienta clave de gestión empresarial.
Puede definirse como el conjunto de políticas, controles y procedimientos que permiten a una empresa prevenir, detectar y reaccionar ante posibles incumplimientos legales o éticos en el desarrollo de su actividad.
Pero reducir el compliance a “cumplir la ley” sería quedarse corto.
Un buen programa de cumplimiento va mucho más allá, implica integrar la legalidad y la ética en la toma de decisiones diarias, establecer una cultura corporativa responsable y anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en problemas reales. Actúa como un sistema de autoprotección de la empresa, ayudando a ordenar procesos internos, clarificar responsabilidades y reforzar el control sobre aquellas áreas más sensibles desde el punto de vista legal y reputacional. En definitiva, aunque sin darnos cuenta, supone una mejora de la calidad del servicio al cliente.
Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables de determinados delitos cometidos en su seno. Estos delitos son los que se regulan en el artículo 31 de dicho Código Penal. Esto ha supuesto un cambio radical en la forma de entender la responsabilidad empresarial en España.
Disponer de un programa de compliance bien diseñado y correctamente implantado puede marcar la diferencia entre la imputación penal del delito o la exención o atenuación de su responsabilidad.
Pero el impacto del compliance no se limita al ámbito penal. Las consecuencias de un incumplimiento normativo pueden traducirse en sanciones económicas muy elevadas, pérdida de contratos, exclusión de licitaciones públicas, daño reputacional y, en los casos más graves, en la inviabilidad del negocio.
Las empresas que apuestan por el compliance no solo buscan evitar sanciones, sino una inversión estratégica con beneficios claros:
Aunque no existe una obligación genérica para todas las empresas de implantar un programa de compliance penal, la realidad normativa y práctica demuestra que cada vez más organizaciones están directa o indirectamente obligadas a hacerlo. En particular:
El compliance no es estático. Las empresas deben adaptarse continuamente a nuevas leyes, reglamentos europeos y criterios interpretativos de las autoridades. En España y en la Unión Europea, asistimos a una intensificación del control en ámbitos como:
Este escenario hace inviable un enfoque improvisado o meramente formal del compliance. Lo que hoy es válido, mañana puede quedarse obsoleto.
Implantar y mantener un programa de compliance eficaz exige especialización, actualización constante y conocimiento real del negocio. Por ello, muchas empresas optan por externalizar total o parcialmente esta función.
Contar con un equipo externo especializado permite:
El verdadero valor del compliance no está en tener un manual, sino en que el programa funcione, se aplique y sea defendible ante cualquier inspección o procedimiento.
Las empresas que entienden el compliance como un simple trámite y un gasto extra innecesario suelen descubrir su importancia durante el proceso de implementación. Mientras tanto, aquellas que lo consideran una inversión y lo integran de forma estratégica en su modelo de negocio ganan en solidez, credibilidad, reputación y proyección a largo plazo.
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