¿Liquidar la sociedad o dejarla morir? ¿Qué consecuencias pueden darse?

Con la experiencia y los datos que existen sabemos que ha crecido en España la práctica de no liquidar una sociedad cuando ha dejado de ser rentable o cuando los socios de la misma han decidido cesar la actividad por cualquier motivo.

En ocasiones los socios de la empresa, en vez de liquidarla correctamente, simplemente la dejan abandonada, en la mayoría de los casos por los costes y trámites que conlleva la disolución y liquidación de la sociedad (notaria, registro, honorarios de abogado, etc.). Sin embargo, lo que desconoce en ocasiones el empresario es que una sociedad inactiva sigue teniendo obligaciones y responsabilidades que le puede dar más de un quebradero de cabeza.

Los administradores siguen siendo responsables de la empresa, aunque ésta no esté en ejercicio. Si existiese un procedimiento judicial contra la misma, podría acabar respondiendo su administrador si ha dejado morir la empresa para no hacer frente a sus posibles deudas. Ya existen sentencias del Tribunal Supremo en las que se condena al administrador por este tipo de negligencias.

Aunque la sociedad esté inactiva sigue manteniendo su obligación con Hacienda de presentar el Impuesto sobre Sociedades y con el Registro Mercantil de presentar sus Cuentas Anuales y la no presentación del impuesto sobre sociedades trae sanciones de Hacienda, así como la falta de presentación de las cuentas anuales puede suponer una sanción, aunque en la práctica en este caso a día de hoy no se suele darse, pero la posibilidad existe y algunas hemos visto.

La Seguridad Social puede reclamar cualquier deuda, por lo que el administrador y sus empleados deberán estar dados de baja correctamente en dicho organismo.

Una de las consecuencias de este masivo abandono de empresas ha producido una alerta en la administración tributaria que ha hecho que esta tome cartas en el asunto. Hacienda se ha propuesto luchar contra esta mala práctica que le impide hacer bien su trabajo. Por lo que, ha preparado un programa de control tributario en el que va a eliminar de su base de datos las sociedades abandonadas, para centrarse y poder controlar correctamente las que realmente tienen actividad económica.

El pasado 28 de enero de 2020 se publicaron las directrices del Plan General de Control Tributario y Aduanero para el año 2020, y entre otros temas se centra en el censo de empresas inactivas. Mediante este plan se pretende revocar el Número de Identificación Fiscal de las sociedades que se encuentren sin actividad, para ello se lo comunicará previamente a los administradores y concederá un periodo de alegaciones. Resuelto este trámite si la misma se confirma que sigue inactiva se procederá con la revocación y esto forzará el cierre de la página en el Registro Mercantil.

Este procedimiento se llevará a cabo en aquellas sociedades en las que se manifieste alguno de estos parámetros:

1. No presentar el Impuesto sobre Sociedades durante tres ejercicios seguidos.
2. No tener débitos tributarios de la entidad con Hacienda que hayan sido declarados fallidos.
3. Constituir una sociedad sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del NIF se inicie la actividad ni se realicen actos para ello.
4. No contestar notificaciones durante más de un año, tras tres intentos de notificación.

Los efectos de la revocación del CIF son los siguientes:

1. Publicación de la revocación del CIF en el Boletín Oficial del Estado, que determina su pérdida de validez a efectos identificativos en el ámbito fiscal, hasta que se rehabilite o se asigne uno nuevo.
2. Imposibilidad de realizar inscripciones en el registro público correspondiente.
3. Imposibilidad de realizar cargos y abonos en cuentas o depósitos abiertos en entidades de crédito.
4. Imposibilidad de obtener el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias.
5. Baja en el Registro de Operadores intracomunitarios (ROI) y en el de devolución Mensual (REDEME).

Pero esta revocación no es indefinida ya que se le concede al empresario la posibilidad de revertir tal situación.

En conclusión, la práctica extendida de abandonar una sociedad no es recomendable puesto que siguen existiendo responsabilidades para el administrador que le pueden salir caras. Ante esto Hacienda ha decidido actuar unilateralmente ya que a ella también le perjudica la situación y va a atacar a aquellas sociedades sin actividad para dejarlas fuera de combate, impidiéndolas actuar en el futuro y sobre todo, para centrarse en las que sí tienen actividad.