El pasado 30 de abril, entró en vigor la Ley Orgánica 6/2021, por la cual se modifican los artículos 301 y 302 de nuestro Código Penal, los cuales regulan el delito de blanqueo de capitales al transponer la Directiva de la Unión Europea 2018/1673 a nuestro ordenamiento jurídico.
Dichas modificaciones, consisten en la inclusión de dos agravantes para el delito de blanqueo de capitales, imponiendo la pena de prisión de 3 años y 3 meses a 6 años más multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Lo anterior sería de aplicación en los siguientes casos:
El Tribunal Supremo sigue dictando Sentencias relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica, y continúa haciendo mención expresa en sus resoluciones a la importancia de tener implementados programas de Compliance en las compañías para evidenciar el cumplimiento normativo de las empresas, a fin de que estas queden exentas de la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos.
Los criterios dictados tras una ‘consulta vinculante’ a la Dirección General de Tributos (DGT) vinculan a Hacienda. O, al menos, así debería ser. Como establece el artículo 89.1 de la Ley General Tributaria (LGT), «la contestación a consultas tributarias escritas tendrá efectos vinculantes, en los términos previstos en este artículo, para los órganos y entidades de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos en su relación con el consultante. (…) Los órganos de la Administración tributaria encargados de la aplicación de los tributos deberán aplicar los criterios contenidos en las consultas tributarias escritas a cualquier obligado». Sin embargo, la realidad del día a día en las oficinas del fisco es muy distinta, creando una importante fuente de inseguridad jurídica para los contribuyentes, que, ni siquiera cuando existe pronunciamiento de la DGT, tienen la certeza de que este vaya a ser obedecido por Hacienda.
Una resolución judicial o administrativa que cambia los criterios aplicables no puede tener efectos retroactivos si estos son perjudiciales para el contribuyente. Es decir, solo tendrá efectos para los hechos posteriores al dictamen. Así lo ha interpretado el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que se ha desmarcado de la línea defendida hasta ahora al anular recientemente una liquidación del impuesto de sociedades que Hacienda exigía a una empresa retroactivamente tras un cambio de criterio. El organismo llegó a sus conclusiones tras analizar anteriores pronunciamientos de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo. Este último ya está estudiando un recurso que determinará cómo funciona la retroactividad en caso de cambios de criterio judicial y fijará doctrina al respecto.
El País (06/05/2021) Seguir leyendo ══►
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