El 29 de junio de 2012 el Gobierno argentino denunció el convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y España.
La denuncia del convenio tendrá efectos desde el 1 de enero de 2013, por lo que desde entonces las empresas que operaban en ambos países dejarán de disfrutar de las deducciones por doble imposición internacional a las que afecta el convenio anulado, que se firmó en Madrid en 1992 y venía aplicándose desde 1994.
A partir del año nuevo la tributación en ambos países va a pasar a regularse conforme a la normativa interna de cada uno de ellos, por lo que las empresas que operan en ambos países pasarán a tributar por los mismos conceptos en ambos países, lo que supondrá un aumento de los costes de estas empresas y probablemente lo acaben pagando los consumidores. Entres estas empresas destacan YPF (Repsol) y Telefónica.
De esta forma los residentes fiscales, tanto personas físicas como jurídicas, tributarán en el Estado de residencia por toda su renta mundial, y en el otro Estado por las rentas que tengan su fuente en ese otro Estado.
En particular, los residentes en España, al perder la protección del Convenio, tributarán en Argentina mediante la correspondiente retención en el pago de intereses, dividendos, servicios o cánones pudiendo llegar dicha retención hasta el 35%, dependiendo del caso, que habrá que estudiar de forma particular.
También perderán la protección del Convenio en relación al Impuesto sobre los Bienes Personales en Argentina (similar al Impuesto sobre el Patrimonio español), por lo que estarán sujetos a tributación en Argentina por los bienes y derechos que se encuentren localizados en ese país (Inmuebles, acciones, cuentas bancarias, etc.).
En sentido contrario, los residentes en Argentina tributarán en España conforme a la normativa del Impuesto sobre la Renta de No Residentes por las rentas de fuente española y estarán igualmente sujetos al Impuesto sobre el Patrimonio por los bienes y derechos localizados en España.
Esta decisión afectará enormemente a toda la inversión española en Argentina porque implicará una mayor presión fiscal sobre estas empresas, así como también a inversores argentinos con capitales en España.
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