Establecido por la ley 2/2022 contra la corrupción. Pilar Gomar explica que estos canales permiten denunciar internamente irregularidades como fraude o acoso. Todas las empresas, dependiendo de su tamaño y facturación, deben implementarlo, y pueden enfrentar severas multas de hasta un millón de euros si no lo hacen correctamente. Los canales digitales son preferidos por mantener el anonimato del denunciante.
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