Cada vez más empresas utilizan herramientas de inteligencia artificial en su actividad diaria. ChatGPT para redactar documentos, Microsoft Copilot para organizar información, chatbots de atención al cliente, programas que analizan currículums o aplicaciones que automatizan tareas son ya habituales en muchos negocios.
Lo que no todas las empresa saben es que el uso de estas herramientas ya está regulado por el AI Act, el nuevo Reglamento europeo sobre inteligencia artificial.
Aunque muchas empresas creen que esta normativa solo afecta a quienes desarrollan sistemas de IA, la realidad es que también puede imponer obligaciones a quienes utilizan estas herramientas en su actividad profesional.
El AI Act (Reglamento (UE) 2024/1689) es la primera norma de la Unión Europea que regula de forma específica la inteligencia artificial.
Su objetivo es fomentar un uso seguro y responsable de esta tecnología, garantizando la protección de los derechos fundamentales sin impedir la innovación.
Para ello, el Reglamento no trata todos los sistemas de inteligencia artificial por igual, sino que distingue entre distintos niveles de riesgo. Cuanto mayor sea el impacto que un sistema pueda tener sobre las personas, mayores serán las obligaciones que deberán cumplir quienes lo desarrollan o utilizan.
El AI Act no solo afecta a las empresas que crean herramientas de inteligencia artificial.
También puede afectar a cualquier empresa que utilice sistemas de IA en su actividad diaria, independientemente de su tamaño o sector.
Por ejemplo:
En muchos casos, la empresa será considerada usuaria profesional del sistema y deberá cumplir determinadas obligaciones previstas en el Reglamento.
Depende. No todas las empresas que utilizan ChatGPT, Copilot u otras herramientas similares tendrán las mismas obligaciones.
Si la inteligencia artificial se utiliza únicamente como apoyo para redactar documentos, resumir información o realizar tareas internas, las exigencias serán mucho menores que si se emplea para tomar decisiones que afecten a personas.
Por ejemplo, utilizar inteligencia artificial para seleccionar candidatos, evaluar clientes o decidir el acceso a determinados servicios puede implicar obligaciones adicionales.
Por ello, el primer paso consiste en identificar qué herramientas utiliza la empresa y para qué finalidad.
El Reglamento clasifica los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo.
Algunos usos de la inteligencia artificial se consideran incompatibles con los derechos fundamentales y están prohibidos.
Se trata de supuestos muy concretos, como determinadas prácticas manipuladoras o algunos usos especialmente invasivos de la identificación biométrica.
Son aquellos que pueden afectar de forma importante a los derechos o a la seguridad de las personas.
Entre otros, pueden encontrarse sistemas utilizados para:
En estos casos, el Reglamento exige medidas específicas de control, documentación, supervisión humana y gestión de riesgos.
En determinados supuestos, las empresas deberán informar claramente de que una persona está interactuando con un sistema de inteligencia artificial.
El AI Act también establece obligaciones específicas respecto de ciertos contenidos generados o manipulados mediante IA cuando puedan inducir a error sobre su origen.
La mayoría de herramientas utilizadas para apoyar tareas administrativas, redactar textos, organizar información o traducir documentos presentan un riesgo reducido.
No obstante, su uso sigue estando sujeto a otras normas, como la legislación sobre protección de datos, confidencialidad o propiedad intelectual.
El Reglamento entró en vigor el 1 de agosto de 2024, aunque su aplicación es gradual.
Algunas obligaciones ya resultan aplicables, mientras que la mayor parte del Reglamento será exigible a partir del 2 de agosto de 2026, con determinados plazos específicos para algunos sistemas de alto riesgo.
Por ello, resulta aconsejable que las empresas comiencen a revisar desde ahora el uso que hacen de la inteligencia artificial.
El AI Act establece un régimen sancionador que puede imponer multas importantes en función de la gravedad del incumplimiento.
Además del impacto económico, una utilización inadecuada de la inteligencia artificial puede generar problemas de responsabilidad, afectar a la reputación de la empresa o dificultar determinadas relaciones comerciales.
Es más fácil y menos costoso prevenir un incumplimiento que tener que solucionarlo una vez se ha producido.
La adaptación al AI Act no implica dejar de utilizar inteligencia artificial, sino utilizarla de forma responsable y conforme a la normativa.
Como punto de partida, es recomendable:
En la mayoría de empresas, una revisión jurídica inicial es suficiente para detectar si existe algún uso que requiera medidas adicionales.
La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de muchas empresas y seguirá ganando protagonismo en los próximos años. El AI Act no pretende impedir su utilización, sino establecer unas reglas comunes que permitan aprovechar sus ventajas con las debidas garantías.
La clave no está en dejar de utilizar herramientas como ChatGPT, Copilot o los asistentes de IA, sino en conocer qué obligaciones pueden derivarse de su uso y actuar antes de que aparezcan problemas de cumplimiento.
En nuestro despacho asesoramos a empresas y profesionales en la adaptación al AI Act, revisando el uso que hacen de la inteligencia artificial, identificando los riesgos legales y diseñando medidas de cumplimiento ajustadas a las necesidades de cada organización.
¿Qué ocurre con la empresa familiar cuando fallece el empresario? Sucesión, impuestos y continuidad del…
¿Qué ocurre si el empresario fallecido era socio y administrador? Cuando una misma persona concentra…
En el día a día de los procedimientos tributarios es muy habitual que, tras una…
Cómo proteger al cónyuge viudo y a los hijos al mismo tiempo En las empresas…
El Tributo, capítulo 12: Contrato de compraventa de inmuebles y contrato de arras En este…
La aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, en adelante IVA, en determinadas operaciones puede…
