La Prescripción en Derecho Tributario

Definición de Prescripción

La definición genérica de la “Prescripción” sería la consolidación de una situación de hecho por el mero transcurso del tiempo, que produce la adquisición o extinción de una obligación.

Esto significa que el derecho a desarrollar una determinada acción se extingue por el paso del tiempo, produciéndose la prescripción.

La Prescripción en Derecho Tributario:

La Prescripción es la extinción del Derecho de la Administración o bien del Administrado para determinar, exigir, solicitar u obtener, una deuda tributaria o un tributo, o cantidades relacionadas con éste.

El fundamento de este instituto jurídico reside en el principio de seguridad jurídica, ya que se dirige a evitar situaciones indefinidas de pendencia en el ejercicio de derechos, así como en el principio de capacidad económica, según el cual sólo procede someter a gravamen dicha capacidad cuando sea actual.

Diferencia con la Caducidad

En Derecho Tributario es importante distinguir la prescripción de la caducidad.

La prescripción se refiere siempre a un derecho, mientras que la caducidad se refiere a un procedimiento.

Plazos de la Prescripción

Es la Ley General Tributaria la que nos marca los plazos de prescripción en Derecho Tributario de manera genérica, de tal forma que, si ninguna Ley específica, de algún impuesto concreto, marca una prescripción distinta, entonces se aplica la Ley General, y ésta indica que, de acuerdo con el artículo 66, plazos de prescripción, son cuatro años los que deben transcurrir para que opere la prescripción, de tal forma que en este plazo de tiempo prescriben los siguiente derechos:

  1. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.
  2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.
  3. El derecho a solicitar las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.
  4. El derecho a obtener las devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo, las devoluciones de ingresos indebidos y el reembolso del coste de las garantías.

Existe una excepción a esta norma general, que viene determinada por el artículo 66 bis, con vigencia desde 12 de octubre de 2015, y podía ser aplicado en los procedimientos de comprobación e investigación ya iniciados cuando entró en vigor, siempre que no se hubiese formalizado propuesta de liquidación en dichos procedimientos tributarios.

Esta modificación normativa introduce una ampliación del plazo de prescripción, hasta diez años, para que la Administración inicie el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, por lo que las empresas y autónomos que quieran compensar dichas cantidades en el futuro, deberán conservar los documentos justificativos de los mismos durante todo el tiempo necesario. Dichos documentos vienen a ser facturas y escrituras, por tanto, se deben guardar éstas siempre que se pretenda que las mismas tengan que surtir algún efecto en el futuro, como puede ser aprovechar un crédito fiscal por bases imponibles negativas, en cuyo caso se deben poder demostrar qué facturas generaron aquellas bases imponibles negativas.

Es importante anotar que esta comprobación y, en su caso, la corrección o regularización de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación respecto de las que no se hubiese producido la prescripción, sólo podrá realizarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y periodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

Salvo que la normativa propia de cada tributo establezca otra cosa, la limitación del derecho a comprobar no afectará a la obligación de aportar las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad con ocasión de procedimientos de comprobación e investigación de ejercicios no prescritos en los que se produjeron las compensaciones o aplicaciones aquí señaladas.

Procedimentalmente se hace imprescindible conocer los plazos para resolver los procedimientos iniciados por la Administración, puesto que transcurrido este plazo, caduca dicho procedimiento (recordar que caducar es distinto a prescribir).

Lo habitual es que los procedimientos iniciados por la Agencia Tributaria tengan un plazo máximo de duración de 6 meses, salvo que sea de inspección, por lo que a los 6 meses caduca el procedimiento, pero lo más importante es que la caducidad no conlleva la interrupción del plazo de prescripción.

Entonces ¿qué significa que caduca? Caducar el procedimiento significa que ese procedimiento se ha terminado por el transcurso del tiempo, sin embargo, la Agencia Tributaria podrá empezar uno nuevo por el mismo concepto, salvo que, haya prescrito el derecho de la Administración para determinar o exigir el pago de la deuda tributaria. De ahí la importancia entre distinguir ambos conceptos.

Pongamos un ejemplo de un caso real:

Supongamos que recibimos una carta de la Agencia Tributaria indicando el comienzo de un procedimiento de comprobación limitada sobre algún impuesto que hemos declarado previamente, imaginemos que es el impuesto sobre la renta de 2013, cuya fecha límite de declaración es el 30 de junio de 2014. Tras varios recursos llegamos al Tribunal Económico Administrativo y también interponemos reclamación ante éste. La respuesta de este Tribunal se hace esperar y llega el 30 de septiembre de 2018, en la cual anulan la liquidación de la Agencia Tributaria por defecto de forma.

En este caso concreto, la Agencia Tributaria no podría iniciar un nuevo procedimiento porque el derecho a liquidar nuevamente estaría prescrito, ya que en fecha 30 de septiembre de 2018, se cumplen 4 años y 3 meses desde que se presentó la declaración el 30 de junio de 2014, al haber transcurrido más de 4 años se aplicaría el artículo 66 de la Ley General Tributaria y nuestra declaración de IRPF queda consolidada por el transcurso del tiempo.

NOTA: Muchos recursos se pueden ganar por aplicación de esta normativa de prescripción y caducidad, independientemente de quien tenga la razón sobre el fondo del asunto.

Jesús R. Ballesteros

Jesús es Economista y Abogado, estudió la licenciatura de Economía en la Universidad de Navarra, es Máster en Tributación por Garrigues, donde comenzó a trabajar en la oficina de Granada, pasó por otros dos despachos multinacionales de reconocido prestigio mientras estudiaba Derecho en Madrid, hasta que finalmente constituyó Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales a principios de 2006.Jesús es colaborador habitual de medios de comunicación cuando tratan temas empresariales, fiscales y jurídicos, como Radio Intereconomía en el programa “Foro Fiscal”, Cadena Ser y Ondacero.Doctorando en la Universidad de Granada con una Tesina titulada “Intercambio internacional de información tributaria y Paraísos Fiscales”, que defendió ante el tribunal correspondiente obteniendo el DEA en Derecho Financiero y Tributario con Sobresaliente. El título de su Tesina deja claro que ha profundizado como pocos en este ámbito del derecho, lo que le facilita el trabajo actual en fiscalidad internacional.Autor del libro “Cómo rentabilizar tu declaración de la renta” e ideólogo y desarrollador de la primera aplicación jurídica en España dedicada a la descarga de modelos de documentos legales, Paxtum.Profesor-Colaborador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), para las materias de Derecho Mercantil y Derecho Financiero-Tributario, siendo así co-autor de los libros teóricos de ambas áreas y del libro de “casos prácticos” de Derecho Financiero-Tributario.Experto en el sistema tributario español, fiscalidad internacional y derecho societario-mercantil, habla inglés y es el Director de nuestra empresa, Ruiz Ballesteros Abogados y Asesores Fiscales.

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